Ramon e Higini Cierco presentan demanda contra el Departamento del Tesoro de los EE.UU. y el FinCEN

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Oct 07, 2015, 01:54 ET

Ramon e Higini Cierco presentan una demanda contra el Departamento del Tesoro de los EE.UU. y el FinCEN alegando que las acciones de dicha agencia contra Banca Privada d'Andorra son completamente injustificables e inconstitucionales.

WASHINGTON, 7 de octubre 2015 /PRNewswire/ -- Los accionistas mayoritarios y co-presidentes no ejecutivos del consejo de administración de Banca Privada d'Andorra (BPA), Ramon e Higini Cierco (la familia Cierco), han presentado una demanda contra el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y su agencia de prevención de lavado de dinero (FinCEN) en el Tribunal de Distrito de Columbia. La demanda judicial es la respuesta a la Nota del FinCEN que calificó a BPA como "una preocupación de primer orden en materia de blanqueo de capitales," expulsando dicha entidad del sector bancario estadounidense en una medida que se considera injustificada, inconstitucional e injusta. La Nota ha impedido que BPA siga operando y se propició una acción coordinada entre reguladores españoles, andorranos y panameños para cerrar el banco sin comunicación ni previo aviso, con lo que se vulnera el derecho fundamental a la defensa. La familia Cierco reclama por tanto a la justicia americana una orden que deje sin efecto la Nota emitida por el FinCEN.

La demanda de los hermanos Cierco deja claro que el FinCEN no tuvo base legítima para la Nota que emitieron bajo la Sección 311 de la Patriot Act americana. Aunque la citada normativa permite que se emitan comunicaciones de manera unilateral, la demanda alega que la Nota del FinCEN fue claramente defectuosa ya que falló en proveer la información en la que basaron sus acciones y las razones por las cuales eligieron la medida más severa de todas las posibles. La acción judicial también pone de relieve que, aun siendo la 'Notice of Findings' una propuesta de sanción, de hecho se ha convertido en una medida definitiva visto que la administración andorrana, sin esperar a la solución final del caso, se inclinó desde el principio por liquidar BPA mediante un plan de resolución que tampoco se ha justificado debidamente y de forma transparente.

Los acontecimientos posteriores al 10 de marzo han demostrado que el FinCEN carecía de fundamentos para actuar en contra de BPA. La actuación unilateral contra el banco fue el resultado de la frustración acumulada que tenía el FinCEN con el Gobierno de Andorra por su contumaz falta de respuesta respecto a los cambios sistemáticos a realizar en sus reglas antiblanqueo, relacionadas especialmente con la notificación de transacciones en efectivo. Un alto funcionario de la embajada de EE.UU. en Madrid admitió que el FinCEN ha "cogido el martillo" con relación a BPA por la desesperación del FinCEN frente a la falta de cooperación de Andorra. El Gobierno de EE.UU. negó inicialmente estas declaraciones que fueron pronunciadas en un acto público pero la grabación de dicho acto se puede consultar en 'YouTube' y el link que lleva a ella se anexa también en la demanda.

A partir del momento en que FinCEN tomó las medidas que 'de facto' han llevado al cierre del banco, los accionistas han expresado su voluntad de cooperación y han intentado ponerse en contacto con la agencia en varias ocasiones para solicitar una explicación con relación a sus medidas, incluyendo una petición concreta para saber de primera mano porqué se optó por la penalización más extrema. Según la demanda, los accionistas también han solicitado la oportunidad de revisar las pruebas que utilizó el FinCEN y de mostrar las razones por las que, en su opinión, BPA no debe de ser cerrada. El FinCEN se ha negado a dar explicación alguna sobre sus acciones aunque la ley le obligaba a ello, con lo cual se vulneran diferentes principios jurídicos fundamentales. Tampoco no se ha explicado nunca porque no tuvieron en cuenta el impacto que la nota causaría en las extensas operaciones de BPA, que se adecuaron siempre a la normativa vigente en cada momento.

La decisión que tomó el FinCEN de usar la quinta medida especial, la más dura, destruyó el banco y su filial española valorados en más de quinientos millones de euros y causó la pérdida de cientos de puestos de trabajo. Los incidentes relacionados con el blanqueo de capitales que citó el FinCEN como pretexto para cerrar el banco ya habían sido notificados por BPA a las autoridades andorranas un año antes de la Nota del FinCEN. Desde entonces, la agencia ha retrasado el proceso para evitar que se le atribuya responsabilidades y cargas judiciales.

A raíz de la emisión de la Nota del FinCEN, PricewaterhouseCoopers, una de las principales firmas internacionales de auditoría, fue contratada por la administración andorrana para investigar a BPA. Les autoridades de Andorra han gastado decenas de millones de euros para que PwC revise las más de 25.000 cuentas bancarias de la entidad. Por ahora, y aunque hay el temor de injerencias y presiones políticas, no ha transcendido que la auditora haya podido corroborar la existencia de problemas sistemáticos de lavado de dinero que justifiquen las acciones del FinCEN.

Dada la falta de voluntad por parte de los reguladores americanos para llevar a cabo un diálogo constructivo, la familia Cierco se ha visto obligada a recurrir a los tribunales en busca de una resolución que dictamine que la Nota y el uso de la quinta medida especial del FinCEN son ilegales y deben ser revocadas. Esto le debería permitir a los Cierco retomar el control de los activos restantes del banco para buscar una solución justa y transparente a largo plazo. Y que se trate a sus clientes, accionistas y empleados de la manera que se merecen.

Eric Lewis, coordinador legal de los hermanos Cierco ha asegurado que "esta demanda tiene el objetivo de remediar las deficiencias de un proceso injusto y falto de transparencia a la que han tenido que hacer frente nuestros clientes a pesar de todos sus esfuerzos para cooperar y demostrarle al FinCEN que ha actuado de una manera completamente injustificable. De la noche a la mañana, sin previo aviso, sin pruebas públicas, ni recurso alguno, BPA sufrió una sentencia de muerte como consecuencia de la Nota del FinCEN. Una agencia pública sin control y con poder absoluto sólo puede generar abuso burocrático y opacidad, que es exactamente lo ocurrido en este caso. Los hermanos Cierco están decididos a limpiar su buen nombre por el honor de sus empleados, accionistas, clientes y la reputación familiar."

La demanda de los hermanos Cierco se encuentra en este link: https://www.scribd.com/doc/283963834/Cierco-Complaint-and-Attachments