Main Street Bondholders aplaude el creciente apoyo en Puerto Rico a la protección de los tenedores de bonos constitucionales
Los líderes políticos admiten la importancia de una solución consensuada
WASHINGTON, 29 de marzo de 2016 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Main Street Bondholders aplaude el apoyo continuo de funcionarios electos líderes de Puerto Rico a una solución consensuada a la crisis de la deuda de Puerto Rico, a pesar de las acciones del presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, Rob Bishop (R-Utah), de adoptar un enfoque de "Súper Capítulo 9" a la restructuración de la deuda, lo que socava el progreso hacia un acuerdo consensuado y la Constitución de Puerto Rico.
A diferencia de la ley para un "Súper Capítulo 9" de Bishop, la cual se presentó ante la Cámara de Representantes de los EE. UU., una solución consensuada aseguraría el pago continuo de los intereses sobre las obligaciones de Puerto Rico, lo cual respeta la prioridad de los bonos establecida en la Constitución del Estado Libre Asociado y fomentaría negociaciones voluntarias entre la isla y sus bonistas.
Sin liderazgo local en Puerto Rico, será imposible asegurar un acuerdo consensuado que logre un equilibrio entre los derechos legales de los tenedores de bonos y la Constitución de Puerto Rico. Los esfuerzos en el Congreso por imponer el plan del "Súper Capítulo 9" del gobierno de Obama, vengan de quien vengan, son un impedimento grave a este esfuerzo continuo y socavan la Constitución de Puerto Rico.
Esto es lo que algunos miembros de Main Street Bondholders han dicho sobre estos líderes:
"Me complació ver al candidato a gobernador y líder del Partido Popular Democrático, el Dr. David Bernier, elaborar una propuesta seria e integral para enfrentar la crisis fiscal de Puerto Rico: una propuesta que respeta la Constitución de Puerto Rico y apoya un camino hacia adelante para que los bonistas y el gobierno logren llegar a un acuerdo consensuado", dijo Teresa García, miembro de Main Street Bondholders. "Me da esperanzas saber que algunos de nuestros líderes políticos entienden la gravedad de esta situación para la integridad financiera de la isla en el futuro y para nuestra pueblo".
El miembro de Main Street Bondholders Joaquin Garcia de la Noceda dijo del candidato a gobernador para el Partido Nuevo Progresista, Ricardo Rosselló: "El compromiso de Ricky Rosselló con respetar la prioridad y las protecciones que nuestra Constitución le otorga a los bonistas es un ejemplo que deben seguir todos los puertorriqueños. Él y la representante Jenniffer González Colón dejaron en claro la necesidad de respetar y hacer cumplir la Constitución de Puerto Rico".
Maria Milagros Rodriguez, otra miembro de Main Street Bondholders, dijo del comisionado residente, candidato a gobernador y presidente del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi: "Me alienta saber que el comisionado residente Pedro Pierluisi se comprometió a priorizar la Constitución y aplaudo su llamado para que el gobierno siga trabajando con los tenedores de bonos para llegar a una solución consensuada a esta crisis".
"El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perello, y el representante Rafeal 'Tatito' Hernandezhan respaldado con fuerza el estado de derecho y las negociaciones continuas con bonistas como nosotros dentro del marco legal existente", añadió la miembro del Main Street Bondholders Milagros Rodriguez. "Me complace enormemente que hayan admitido nuestro gran interés por permanecer en la mesa de negociaciones".
"Es alentador que Angel Rosa y Hector Ferrer, candidatos a comisionado residente, entiendan la importancia de cumplir con las obligaciones constitucionales de Puerto Rico", señaló el miembro de Main Street Bondholders Carlos Alberto Ponce de Leon. "Ya se ha establecido un camino claro a un acuerdo consensuado; el Congreso no debería hacerlo más difícil aprobando leyes que pisoteen nuestros derechos constitucionales".
Main Street Bondholders Coalition es un proyecto de la 60 Plus Association que está integrado por pequeños tenedores de bonos de todo Estados Unidos, comprometidos con un proceso político que devuelva a Puerto Rico una gestión financiera saludable, respete el estado de derecho y proteja sus ahorros para la jubilación.
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